El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley que busca declarar “sujeto a privatización” al Astillero Río Santiago, una de las empresas estatales más grandes de la provincia de Buenos Aires ubicada en Ensenada, con el objetivo de transferirla al sector privado debido al “elevado déficit” que genera cada año, y a lo que considera un “funcionamiento ineficiente y politizado”.
La iniciativa, que ya ingresó a la Legislatura bonaerense con la firma de Castello, propone que se vendan todos los activos, bienes y derechos del astillero, y plantea un plazo máximo de un año para concretar la operación desde la entrada en vigencia de la norma, al tiempo que crea una comisión bicameral para controlar el proceso y garantizar la transparencia.
El texto sostiene que el Estado bonaerense “no necesita mantener una empresa pública de fabricación de barcos para cumplir con sus funciones” y que, por el contrario, su mantenimiento implica mayores impuestos, burocracia y corrupción. En los fundamentos del proyecto, el legislador cita al pensador Juan Bautista Alberdi, quien se oponía a la idea de que el Estado se dedique a tareas que corresponden a la iniciativa privada, y afirma que “la idea de una industria pública es absurda y falsa en su base económica”, y que las empresas estatales suelen transformarse en focos de déficit y despilfarro.
En tanto, el proyecto de Castello advierte que, mientras en otros países los astilleros públicos fueron privatizados o redujeron sus planteles para mejorar su productividad, en el caso del Astillero ocurrió lo contrario. Según el texto, su cantidad de empleados se triplicó, la producción cayó a la mitad y su déficit es uno de los más altos del mundo en comparación con empresas similares.
Por otro lado, Castello remarca que el Astillero Río Santiago produce apenas el 20% del valor industrial naval nacional, a pesar de concentrar el 80% del empleo del sector, lo que refleja un fuerte desequilibrio entre su tamaño y sus resultados.
Castello también señala que el Estado bonaerense destina cada año enormes sumas de dinero para sostener el Astillero Río Santiago, lo que implica una carga para los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires. Por eso, en los fundamentos el legislador menciona que, de acuerdo al presupuesto de la provincia para 2023, se asignaron más de 20 mil millones de pesos al astillero, una cifra que cubre casi todos sus gastos, ya que solo una mínima parte de sus ingresos proviene de sus propias operaciones.
Para el diputado, esa situación convierte al Astillero de Ensenada en “un barril sin fondo” que absorbe recursos públicos sin ofrecer una contraprestación real en términos de producción o servicios, al tiempo que denunció la existencia de “irregularidades en el manejo interno de la empresa, entre ellas empleos fantasma, jubilaciones irrisorias y descuentos indebidos”, junto con el pago de bonos por productividad en una empresa que, según afirma, hace más de una década no completa una embarcación.
En ese contexto, Castello sostuvo que el Astillero Río Santiago es una “caja negra política y sindical” que funciona más como un espacio de poder y financiamiento que como una planta productiva. A su juicio, la empresa se mantiene solo para preservar “la paz social” en la zona, pero a costa del esfuerzo de los bonaerenses que la financian a través de los impuestos.
Así, el proyecto libertario establece que la venta de la empresa incluirá todos sus bienes, acciones y derechos, y que los trabajadores podrán participar del proceso de privatización mediante compensaciones o aportes que definirá la autoridad de aplicación, al tiempo que aclara que los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial y el personal jerárquico del Astillero Río Santiago no podrán intervenir, de manera directa o indirecta, en la compra de ninguna parte de la compañía, con el fin de evitar conflictos de intereses.
Para controlar el proceso, la propuesta de Castello prevé la creación de una comisión bicameral compuesta por tres senadores y tres diputados de la Legislatura bonaerense, que deberá coordinar con el Poder Ejecutivo provincial el cumplimiento de la ley y monitorear todas las etapas de la privatización.
Esta comisión podrá solicitar información, hacer observaciones y emitir dictámenes, y contará con la colaboración del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Además, el proyecto dispone que el Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 30 días de su promulgación.
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