El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en las últimas horas que ordenó una ofensiva militar en el selvático departamento del Guaviare, al sureste del país, contra el jefe de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco, en la que se están realizando bombardeos para desarticular el frente armado que opera en esa zona. El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez Suárez, informó sobre el comienzo de la operación, y aseguró en la red social X que se trata de una “contundente operación ofensiva” contra “estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos” del Guaviare.
Alias Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera, lidera el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz de 2016 y actualmente tiene presencia en varias regiones del país, entre ellas Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Es valioso destacar, que está siendo perseguido por las autoridades por cometer los delitos de terrorismo, homicidios a persona protegida y líderes sociales, reclutamiento forzado y narcotráfico. Alias Iván Mordisco es considerado el criminal más buscado del país y se ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 1,3 millones de dólares. Hasta el momento, ni el Gobierno ni las Fuerzas Militares han entregado un balance de los resultados de la ofensiva, que se enmarca en el recrudecimiento de las operaciones contra esa organización armada tras la suspensión del cese al fuego en varias zonas del país.
El selvático departamento del Guaviare se ha convertido en el punto neurálgico del conflicto armado donde en él confluyen tres bloques del Estado Mayor Central de las disidencias: el Bloque Jorge Suárez Briceño, el Bloque Occidental y el Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”. La ofensiva militar ordenada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no es una operación puntual, sino que forma parte de una estrategia de largo alcance que busca recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades rurales afectadas por la violencia y narcotráfico.
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