Tras la última reunión de este miércoles del Consejo de Mayo, el Gobierno nacional confirmó que el próximo 9 de diciembre enviará la reforma laboral, tributaria y previsional al Congreso nacional, donde se presume que avanzará con los proyectos en sesiones extraordinarias, tras el recambio legislativo del próximo 10 de diciembre.
De esta forma, en los próximos días comenzará a correr el borrador elaborado por la administración mileísta, que incluirá algunas peticiones vertidas durante los encuentros del Consejo de Mayo, del que formaron parte funcionarios del Ejecutivo nacional, empresarios, sindicalistas y dirigentes de la oposición dialoguistas.
En ese contexto, aunque la base central del proyecto será impuesta por Casa Rosada, la tropa violeta recalcó sus intenciones de “no romper lazos” con la Confederación General del Trabajo (CGT), que expresó su tajante rechazo a la reforma laboral de Milei.
Vale precisar que, en la reunión de este miércoles participó como representante del Ejecutivo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; y el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja.
En tanto, por el sindicalismo dio el presente el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, mientras que en representación del grupo empresario, estuvo el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.
Con respecto al proyecto de ley, Ritondo ratificó el acompañamiento del PRO a la reforma laboral, aunque aclaró que en el recinto “discutirán lo fino”. “A pesar de los aportes de cada sector, el texto final de las iniciativas tendrá la impronta del oficialismo”, ratificó el jefe de bancada de la escudería amarilla.
Reforma laboral: uno por uno, los puntos del proyecto de Milei
Según adelantó el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, durante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, la reforma laboral presentada en la Cámara de Diputados bajo el eufemismo de “ley de promoción de inversiones y empleo” contempla cambios en lo que respecta a la recaudación y democracia de los sindicatos.
En efecto, el texto apunta a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados, una suerte de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para inversores más modestos.
Además, la iniciativa del Ejecutivo permite fragmentar el período de vacaciones, instrumentar un sistema de banco de horas libres, así como otros esquemas flexibles a través de convenios colectivos, como los plazos en casos de enfermedad o accidente.
Entre alguno de sus puntos más polémicos, en la reforma laboral figura la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral; la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant”, algo ya objetado en fallos de la Corte, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia.
Además, Cordero manifestó su deseo de avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo (CCT) para revisar la obligatoriedad de los aportes y el concepto de ultraactividad, el cual implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual.
Asimismo, el Ejecutivo pretende modificar la forma de negociación salarial. En concreto, La Libertad Avanza (LLA) propone que las paritarias “sean dinámicas”. Es decir, que se discutan en base a productividad y por empresa, como sucedió en la década de los 90’.
Un dato no menor es que, en la letra chica, la reforma laboral del Gobierno reproduce algunos de los artículos del capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)70/2023, que fue suspendido por la Justicia y que se encuentra pendiente de una definición de la Corte Suprema de Justicia.
dixitp.com
