Después del reciente fracaso del Consejo del Salario, que incluye a cámaras empresariales, las tres centrales sindicales y funcionarios del Gobierno, este miércoles se decidió que el salario mínimo, vital y móvil, actualmente fijado en $332.000, será establecido nuevamente por decreto, ya que se encuentra muy por debajo de la canasta total de indigencia.
Según fuentes presentes en la reunión, las centrales sindicales solicitaron aumentos que se ajusten a la inflación y que ayuden a recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años. En contraste, las cámaras empresariales ofrecieron un incremento que no alcanzaría a cubrir la inflación acumulada.
La Confederación General del Trabajo (CGT) inició la discusión proponiendo elevar el salario mínimo a $512.000 en noviembre, con aumentos progresivos que llevarían la cifra a $553.000 en abril de 2026. Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma solicitó un monto de $644.000.
Además, el gremio liderado por Hugo Godoy sugirió que, con la nueva actualización, el salario mínimo debería establecerse en $736.000, lo que permitiría a los trabajadores obtener una recomposición por encima de la inflación, alineándose con la Canasta Básica Total, que asciende a $392.185.
Sin embargo, las entidades empresariales presentaron una oferta significativamente inferior: propusieron que el salario mínimo alcance $326.000 en noviembre, con un aumento progresivo hasta $349.000 en abril.
Después de un cuarto intermedio y ante la falta de avances en las negociaciones, la Secretaría de Trabajo cerró la discusión y anunció que el nuevo piso salarial será fijado por decreto, como ha sucedido en todas las negociaciones durante casi dos años de gestión de Javier Milei.
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