Este martes, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, debió declarar ante el Tribunal Supremo de este país por las acusaciones en su contra de liderar el intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Lula da Silva, a principios de enero del 2023. El líder derechista se enfrenta a una posible condena de varias décadas. También es señalado por presuntamente desprestigiar las votaciones, hechos que antecedieron al intento del golpe.
Sentado en el banquillo de los acusados frente al juez Alexandre de Moraes, ahora instructor del proceso por golpismo y a quien mientras estaba en el poder insultó y descalificó de diversas formas, Bolsonaro rechazó los señalamientos en su contra. Durante su intervención, el exmandatario sostuvo que su campaña de descrédito contra el sistema electoral del país fue sólo “retórica” y que únicamente intentaba lograr más transparencia. Por tanto, remarcó, nunca estuvo dirigida a preparar un golpe de Estado tras los comicios. “Mi retórica siempre fue parecida. La desconfianza es privativa mía”, mencionó. En su comparecencia, Bolsonaro admitió que no podría probar que el sistema electrónico de su país favorece los fraudes, y sostuvo que su intención era “auxiliar al tribunal electoral, para que las elecciones fueran lo más transparente posibles”. “Insultaba, decía palabrotas, pero hice lo que tenía que haber hecho”, declaró.
Su declaración ante el alto tribunal llega después de que el pasado 26 de marzo los jueces del Supremo votaron por unanimidad a favor de enjuiciar al exjefe de Estado. Bolsonaro está acusado junto a otros siete aliados cercanos. Según las acusaciones de las autoridades, habrían ideado de forma conjunta el plan de varias etapas para mantener al líder de extrema derecha en el cargo, a pesar de su derrota frente a Lula da Silva. Los jueces también se encuentran interrogando al excompañero de fórmula y ministro de Defensa de Bolsonaro, Walter Braga Netto; a los exministros Anderson Torres y Augusto Heleno; y al exayudante de campaña Mauro Cid, entre otros. Vale remarcar, que todos están siendo juzgados bajo cinco cargos, los cuáles son intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. En Brasil, una condena por golpe de Estado conlleva una pena de hasta 12 años, pero al combinarse con los demás cargos, como se mencionó previamente, el acusado podría enfrentar décadas de prisión.
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