El Gobierno promulgó la reforma de la Ley de Glaciares
El Gobierno de Javier Milei promulgó la reforma de la Ley de Glaciares y oficializó así una serie de cambios en el régimen de protección de estas reservas estratégicas de agua, dando más margen de acción para la explotación minera.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial como Ley 27.804, introduce modificaciones a la legislación vigente con el objetivo -según el Poder Ejecutivo- de “ordenar el marco normativo, evitar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental”.
La actualización alcanza a la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Entre los principales cambios, redefine el objeto de la norma y plantea la necesidad de compatibilizar la preservación ambiental con el aprovechamiento racional de los recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.
Vale consignar que la reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones.
Cambios
El texto mantiene la definición de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para el consumo humano, la producción agrícola, la biodiversidad y la investigación científica, aunque introduce una redacción que busca armonizar esa protección con el desarrollo de actividades productivas bajo criterios de sostenibilidad.
Así las cosas, la reforma incorpora precisiones sobre los alcances de las actividades permitidas y restringidas en zonas glaciares y periglaciares, uno de los puntos que históricamente generó mayor conflictividad judicial.
La fuerza libertaria aduce que estos cambios permitirán reducir la discrecionalidad en la aplicación de la ley y brindar “mayor seguridad jurídica”.
Transferencia de competencias
Uno de los ejes centrales de la modificación es el fortalecimiento del rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales.
En sintonía con el artículo 124 de la Constitución Nacional, la norma remarca el dominio originario de las jurisdicciones y promueve una mayor participación provincial en la toma de decisiones vinculadas a la protección y uso de los glaciares.
“Este enfoque apunta a consolidar un esquema más federal, en el que cada provincia pueda adaptar las políticas ambientales a sus particularidades”, arguyó la Casa Rosada.
Inventario
La ley mantiene el Inventario Nacional de Glaciares como herramienta clave para la identificación y monitoreo de estas formaciones. Este registro incluye tanto glaciares como geoformas periglaciales que cumplen funciones hídricas esenciales, y resulta central para definir áreas protegidas y evaluar el impacto de actividades humanas.
Además, se introducen ajustes en los mecanismos de actualización y control, con el objetivo de mejorar la calidad de la información y fortalecer la articulación entre organismos nacionales y provinciales.
dixitp,com
