San Isidro: entraron a robar una casa pero el dueño los vio por la cámara de seguridad y los detuvieron
La Policía bonaerense detuvo esta semana a tres adolescentes que fueron atrapados en el momento exacto en que entraban a robar en una casa de la localidad de San Isidro. Los delincuentes fueron reportados por el dueño de la propiedad, que los vio llegar por la cámara de seguridad.
El episodio quedó registrado a las 6.17 del martes 22 de julio, cuando los delincuentes, que tienen 17, 16 y 13 años, entraron por la fuerza a una casa ubicada sobre la calle Alto Perú al 900, en San Isidro.
Un breve clip de la cámara de seguridad instalada en el exterior de la vivienda permite apreciar que había manterial de construcción en la galería, y que los adolescentes estaban vestidos de negro, hasta con un pasamontaña, en un cómico intento por preservar sus identidades.
Incluso uno de los chicos logró capturar la cámara de seguridad y tirarla al suelo, aunque para ese entonces el dueño de casa les seguía el rastro de manera remota y había llamado al 911.
Aunque los delincuentes se dieron cuenta y eligieron escapar, la irrupción en propiedad privada sigue siendo delito y por eso efectivos policiales, de la Patrulla Municipal y de la Policía bonaerense, iniciaron un operativo cerrojo para atraparlos.
Los encontraron a unas pocas cuadras de la casa y fueron aprehendidos con la autorización de la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro.
Fuentes televisivas informaron que los tres adolescentes están acusados del delito de "robo en finca", mientras personal de la Policía Científica deberá confirmar si efectivamente lograron robar algo de la casa.
En marzo de este año el presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.801, que estableció el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La normativa contempla una batería de medidas alternativas al encierro, desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando se trata de delitos con penas de hasta tres años de prisión, o bien con penas de hasta diez años pero que no impliquen muerte o lesiones graves de la víctima.
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