El juicio contra Cristian Gabriel “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz comenzó el 10 de agosto pasado, pero desde entonces el debate estuvo marcado por una sucesión de episodios que obligaron a suspender audiencias, modificar la modalidad de participación del acusado y volver una y otra vez sobre la misma discusión: si el músico está en condiciones de afrontar el proceso.

En poco más de un mes y medio hubo pedidos de suspensión, un cambio de abogados, un planteo de nulidad, recusaciones contra los jueces y el fiscal, una descompensación durante una audiencia, una internación hospitalaria, un choque y, finalmente, un episodio dentro del Hospital Tornú que derivó en una internación psiquiátrica forzosa ordenada por la Justicia.

No todos esos hechos fueron provocados por la defensa. Algunos fueron episodios médicos o situaciones protagonizadas por el propio Álvarez. Pero prácticamente todos terminaron teniendo consecuencias sobre el normal desarrollo del juicio y, en distintos momentos, fueron utilizados por sus abogados para insistir en su postura de que el debate debía detenerse.

El resultado es un proceso que, ocho años después del asesinato ocurrido en 2018, todavía avanza espasmódicamente.

Un comienzo con tropiezos

El primer día del juicio, el 10 de agosto pasado, ya hubo señales de las dificultades que vendrían. Álvarez se presentó ante el tribunal, saludó al fiscal Sandro Abraldes y tuvo dificultades para responder algunas preguntas básicas. Entre otras cosas, no recordó su número de DNI.

Durante la audiencia cerró los ojos y pareció quedarse dormido; en un momento se escucharon ronquidos.

La defensa (entonces a cargo del defensor oficial Javier Aldo Marino) utilizó ese comportamiento para cuestionar la posibilidad de que Pity pudiera seguir el debate en esas condiciones y pidió la suspensión de la audiencia. El planteo no prosperó.

La discusión sobre su estado de salud no era nueva. El juicio había sido suspendido anteriormente porque se había considerado que Álvarez no estaba en condiciones psíquicas de afrontar un proceso oral. Posteriormente se realizaron nuevos estudios que permitieron determinar que contaba con capacidad suficiente para participar del debate.

Cambio de abogados y pedido de nulidad

Nueve días después se produjo otro movimiento importante. Álvarez cambió de defensa y pasó a ser representado por los abogados particulares Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro.

La nueva defensa pidió que el juicio fuera postergado para poder asumir la representación y preparar su estrategia. Pero además cuestionó las condiciones en las que se había iniciado el proceso.

Baños planteó que el juicio debía realizarse con jurados populares y reclamó su nulidad. El objetivo era que el debate no continuara tal como había comenzado y que el proceso pudiera reiniciarse bajo otras condiciones. El planteo generó una nueva interrupción de la agenda judicial.

La escena de aquella jornada tuvo un detalle particular: Álvarez repartió estampitas de San Francisco de Asís antes de ingresar a la sala.

Una descompensación en plena audiencia

El 2 de septiembre ocurrió un nuevo episodio que volvió a poner en riesgo la continuidad del debate. Durante una audiencia, mientras se exponían detalles relativos a la autopsia de Cristian Díaz, Álvarez pidió permiso para ir al baño. Como no regresaba, una de sus defensoras fue a buscarlo y lo encontró descompensado.

Tenía dificultades para respirar y finalmente fue asistido, retirado en silla de ruedas y trasladado en ambulancia al Hospital Fernández. La audiencia debió suspenderse.

Cinco días después, el 7 de septiembre, sus abogados volvieron a reclamar la suspensión del juicio, pero esta vez agregaron un nuevo planteo: recusaron a los integrantes del tribunal y al fiscal.

Una salida y mil preguntas

El 18 de septiembre ocurrió un episodio que no produjo una suspensión, pero que agregó un elemento llamativo a la discusión sobre el estado de Álvarez.

Según pudo reconstruir LA NACION, el músico fue a ver el show de los Funky Torinos a La Carbonera, local situado en San Telmo. Bailó, disfrutó del recital y, al finalizar, bajó a conversar con los músicos.

En el lugar hubo personas encargadas de evitar que se tomaran o difundieran fotografías del músico.

La escena contrastaba con las dificultades que se habían observado durante las audiencias y con el argumento de la defensa acerca de su imposibilidad de afrontar normalmente el proceso.

El choque y una nueva internación

Cuatro días después, el 22 de septiembre, apareció un nuevo imprevisto. Álvarez protagonizó un choque en una estación de servicio. Según pudo reconstruir LA NACION, impactó con su VW Bora contra un Peugeot 308 que estaba detenido mientras cargaba combustible; se fue del lugar sin darle al damnificado los papeles para que pudiera gestionar el resarcimiento ante la aseguradora. Al día siguiente fue internado en el Hospital Tornú.

La nueva situación volvió a afectar la planificación del juicio. El acusado ya no estaba en condiciones de concurrir físicamente a los tribunales y la defensa volvió a quedar en condiciones de argumentar que su estado de salud impedía continuar con normalidad.

El tribunal buscó entonces una alternativa: que Álvarez pudiera seguir las audiencias desde el hospital mediante una conexión por Zoom.

La intención era evitar que una internación volviera a paralizar el proceso, pero la solución duró poco.

El lunes de esta semana estaba previsto que Álvarez siguiera el juicio desde el Hospital Tornú. Había siete testigos citados para declarar.

Sin embargo, cuando debía ser trasladado dentro del hospital para conectarse con la audiencia, protagonizó un nuevo episodio. Según informaron sus abogados, sufrió un “brote psiquiátrico”.

Además, intentó abandonar el hospital. Una cámara registró el momento en que llevaba una mochila y forcejeaba con una agente de la Policía de la Ciudad que intentaba impedir que se fuera.

El resultado fue que Álvarez no pudo conectarse con el tribunal y los testigos previstos para esa jornada no pudieron declarar.

La defensa volvió a poner sobre la mesa el argumento que había sostenido desde el comienzo y Javier Baños, uno de sus abogados, planteó: “No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente”.

Finalmente, este martes la Justicia tomó una decisión destinada a evitar que la situación volviera a repetirse: ordenó la internación psiquiátrica forzosa de Álvarez y dispuso la continuidad del juicio.

La medida se tomó después del episodio protagonizado en el Tornú y de los informes médicos incorporados al expediente. La internación no significó la suspensión del debate, pero lo complica.

La Justicia quedó así frente a una situación particularmente compleja: Álvarez se encontraba internado y bajo una medida de carácter restrictivo, pero el juicio debía continuar y no podía quedar suspendido indefinidamente cada vez que apareciera un nuevo inconveniente.

La solución buscada fue mantener el proceso en marcha y adaptar, cuando fuera necesario, la forma en que el acusado participara.

La sucesión de eventos desafortunados expone cómo el juicio quedó atravesado por una discusión que excede el hecho principal: el asesinato de Cristian Díaz.

¡Exclusivo en #LaMañanaConMoria! "La One" se comunicó telefónicamente con el Pity Álvarez luego de que haya intentado escapar del hospital: "Me va a explotar la cabeza". 🚨📞#lovieneltrece pic.twitter.com/pcn3EWfRae

— eltrece (@eltreceoficial) September 29, 2026

La última escena ocurrió este martes. Desde el Hospital Tornú, Álvarez habló con Moria Casán en una entrevista televisiva. Allí se refirió al juicio y dijo: “No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron”.

El asesinato ocurrió en 2018. Ocho años después, el tribunal todavía debe atravesar una etapa previa que se volvió casi tan compleja como el propio debate: conseguir que el proceso pueda desarrollarse de manera continua, con el acusado en condiciones de participar y sin que cada nuevo episodio obligue a empezar todo otra vez.

Del otro lado del estrado, una familia aguarda. Jacqueline Guzzardi, hija de Cristian Maximiliano Díaz, fue contundente ante el Tribunal: “Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio”.

Ante el crecimiento de la morosidad y el aumento del endeudamiento familiar, un foco crítico para el Gobierno, el oficialismo logró contener la avanzada opositora en Diputados tras conseguir un dictamen de mayoría, con el apoyo de los aliados de Pro y la UCR. La iniciativa oficialista pone el acento en la prevención, pero no apunta a dar respuesta a la situación más urgente. Es así, que los bloques críticos se esperanzan con revertir el escenario en el recinto, donde los números están más ajustados, y avanzar con un proyecto que contempla la emergencia a través de un plan de reestructuración que incluye topes a las tasas y condonaciones del 100%.

El encuentro arrancó pasadas las 14 en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, ambas con mayoría libertaria.

En ese escenario, el Gobierno logró avanzar con un dictamen de mayoría que incluye 32 firmas, correspondientes a diputados de LLA, el Pro y dos en dicidencia de la UCR.

Aun así, el peronismo de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica obtuvieron un dictamen de minoría con 27 firmas, con el que buscarán presionar al oficialismo para llevar el tema al recinto la semana que viene, según pudo saber LA NACION.

Desde los bloques críticos manifestaron su intención de convocar a una sesión especial el 7 de octubre, en la que, según deslizan algunos sectores, podrían insistir con la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Una maniobra que representa un desafío para el Gobierno, que intenta dilatar este debate hasta después del tratamiento del Presupuesto.

En lo que refiere a morosidad, los números están ajustados.

Si bien el peronismo logró condensar en un borrador los casi 50 proyectos que circulaban, todavía enfrenta la difícil tarea de asegurarse el aval de algunos legisladores que podrían definir la pulseada. Es el caso de Argentina Federal, el bloque comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, quien esta tarde se desmarcó con un dictamen propio.

Sin embargo, en el recinto podría inclinarse por apoyar la iniciativa de la oposición, que declara la emergencia y apunta a un “régimen de regularización y alivio financiero”.

El objetivo: que los consumidores puedan cancelar deudas contraídas con tarjetas y otros proveedores no financieros de crédito y reemplazarlas por un refinanciamiento en condiciones “menos perniciosas”.

“Estamos ante un dictamen que nos costó muchísimo trabajo, porque había 50 proyectos dando vuelta, pero es un régimen de regularización y de alivio financiero puntual. Por 180 días se declara la emergencia por esta situación. Puntualmente, van a poder adherir personas que adeuden hasta dos canastas básicas totales”, precisó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

“Nosotros nos concentramos en las personas que no pueden llegar a fin de mes y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas. No queríamos que cualquiera que esté endeudado entre en el régimen por eso ponemos el tope de las canastas”, precisó el diputado.

En las antípodas se ubica el oficialismo. Mientras un sector de LLA se desvelaba para ver cómo lidiar con la crisis en discapacidad y contener a los aliados, otro, a cargo de la diputada Silvana Giudici, terminaba de delinear un borrador que no incluye en su abordaje la cuestión del desendeudamiento, mucho menos la posibilidad de una propuesta que incluya un refinaciamiento por parte de los bancos y las fintech.

Aún así, algunos libertarios se jactan de que cuentan con los números para aprobar su proyecto en una eventual sesión. Sin embargo, sobran las críticas por fuera del universo libertario en torno al texto oficial, calificado por varios espacios como “ultra lavado” y “la nada misma”.

Es que la iniciativa no apunta a dar respuesta a la situación más urgente, sino que pone el foco en la prevención. Según explican fuentes de LLA, busca “darle más transparencia a la información financiera, desagregar bien los costos financieros, las tasas y la cuestión impositiva para que el consumidor sepa lo que va a pagar”.

Además, incorpora capítulos de educación financiera y digital, junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente. Así como también la portabilidad y la doble validación.

Desde las huestes libertarias insistieron a lo largo de la jornada en que la problemática de la morosidad presenta un nivel de estancamiento y destacaron que, por tercer mes consecutivo, los índices no registran un crecimiento.

Bajo este argumento Giudici cuestionó durante su exposición la propuesta del peronismo. “Estas formulaciones del pasado (topes a las tasas, plazos obligatorios, condonaciones de los punitorios) nos recuerdan y nos retrotraen exactamente al punto en el que estuvimos con la ley de alquileres”, marcó la diputada libertaria.

“No aprendieron lo suficiente. Al poner topes ficticios porque así lo establece una ley momentánea, lo que hacen es quebrar un mercado y limitar las oportunidades de la gente para pensar en un país distinto”, sentenció.

ROMA.- El Vaticano confirmó este martes de manera definitiva que el padre Carlos Miguel Buela –el cuestionado sacerdote argentino ya fallecido que fundó en 1984 en San Rafael, Mendoza, el Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y el de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM)– fue culpable del delito de abusos sexuales.

El Tribunal Penal Especial de primera instancia como el de Apelación, constituidos por la autoridad competente de la Iglesia, en efecto, alcanzaron “la certeza moral” de su responsabilidad “por la comisión de un delito contra el sexto mandamiento, perpetrado con violencia contra varias personas, en conformidad con el can. 1395 § 2”, informó un comunicado de la Santa Sede.

La decisión fue notificada por la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el “ministerio” del Vaticano que se ocupa de los religiosos y religiosas de todo el mundo; por monseñor José Antonio Satué Huerto, obispo de Teruel y Albarracín, España, y la hermana Clara Echarte. Se trata, en el caso de estos dos últimos, de los dos delegados papales –monseñor Satué para la rama masculina y sor Echarte para la rama femenina– designados por Francisco poco antes de morir, en enero de 2025, para acompañar a los dos institutos creados por Buela, un abusador sexual, tal como se confirmó en forma definitiva.

Buela, que murió el 23 de abril de 2023, estaba recluido en un monasterio en Génova, Italia, luego de haber sido suspendido en 2010, tras ser acusado de abuso sexual por cerca de veinte seminaristas desde la década de 2000.

En 2001, la curia argentina había promovido el cierre del IVE y de las SSVM, pero desde el Vaticano –con Juan Pablo II como Papa– llegó un aval para que la sede de esta congregación conservadora se trasladara a Italia, a la diócesis Velletri-Segni, cercana a Roma.

Como las víctimas de Buela no eran menores, sino adultos vulnerables (seminaristas y religiosas), su caso, al principio en la entonces llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, pasó luego a estar bajo la órbita del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Vatican News, el portal del Vaticano, recordó que el cardenal español Santos Abril y Castellò fue comisario pontificio del IVE tras graves problemas internos relacionados con la gestión del instituto y las ya mencionadas acusaciones de abuso de poder y conducta sexual inapropiada contra su fundador.

El cardenal español, tras afrontar numerosas dificultades, que también expresó en una carta de 2023 a los miembros del IVE, concluyó su servicio en 2025, cuando fueron designados los dos delegados pontificios que, durante el último año y medio, acompañaron a las dos entidades religiosas en su formación, disciplina religiosa, apostolado y gobierno.

Según el comunicado difundido este martes, los delegados pontificios convocaron a Roma a los superiores y superioras del IVE y de las SSVM para informarles que la justicia vaticana alcanzó “la certeza moral” de la culpabilidad por delitos de abuso sexual del fundador de sus congregaciones, en un encuentro que tuvo lugar el 14 de septiembre pasado.

“Esta clarificación tiene la intención de contribuir a restablecer la verdad como un acto de justicia hacia aquellas personas que se han visto perjudicadas por el comportamiento del sacerdote Carlos Miguel Buela, así como a la debida información de los miembros de ambos institutos, al camino de relectura del carisma y de revisión, renovación y purificación de la espiritualidad, de la formación y del apostolado propios de cada instituto, distinguiendo entre el don del Espíritu concedido para la edificación de la Iglesia y las limitaciones o actuaciones personales del fundador”, indicó el comunicado del Vaticano.

Tal como explicó a LA NACION una fuente informada del Vaticano que pidió el anonimato, en estas últimas líneas se encuentra la clave de lectura del comunicado. “Para no cerrar ni el IVE ni las SSVM, se intenta diferenciar al fundador, que fue un sinvergüenza, de la obra que tiene en todo el mundo”, explicó la fuente, sin ocultar que esto podrá dar lugar a serios interrogantes, sobre todo entre sus víctimas.

El IVE es conocido por estar en misiones en sitios muy difíciles, bajo las bombas, en medio de conflictos. El padre Gabriel Romanelli, párroco de Gaza, por ejemplo, es del IVE y allí está acompañado por monjas de las SSVM; también son del IVE los sacerdotes que el papa Francisco visitó en septiembre de 2024 en plena selva, en Vanimo, zona remota de Papúa Nueva Guinea, uno de los países más pobres del mundo. Allí los sacerdotes levantaron una escuela y hasta una orquesta, también junto a monjas de las SSVM, como pudo ver esta corresponsal.

Según su portal, el IVE está presente actualmente en 45 países de los cinco continentes y tiene siete casas de formación. En la página web se indica que el fundador de la congregación fue el padre Buela, pero en ningún lugar se consignan sus gravísimos delitos de abuso sexual, cuya “certeza moral” ha sido confirmada.

Salvando distancias y diferencias el caso de Buela recuerda al del padre Marcial Maciel Degollado, el fundador ya fallecido de la congregación ultraconservadora mexicana de los Legionarios de Cristo, que también causo escándalo y que fue intervenida por Benedicto XVI (2005-2013) después de salir a la luz los abusos y demás escándalos de su líder.

La Corte Suprema dictó un fallo que, en la práctica, quita los límites a la venta de tierras a extranjeros, al poner una vez más en vigencia un artículo del megadecreto de Javier Milei de 2023.

Se trata del artículo 154 del megadecreto 70/23, del inicio del gobierno de Milei.

Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema.

En su fallo, la Corte muy crítica al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.

Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la Ley de Tierras.

Ahora, la Corte Suprema ahora revocó ese fallo.

El constitucionalista Andrés Gil Dominguez, sostuvo en las redes que a partir del fallo “cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera- sin límite alguno”.

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