La reciente ola de mensajes hostiles que envolvió a la Argentina durante y después del Mundial volvió a instalar una escena conocida: insultos, burlas, ataques coordinados, videos virales y discusiones sobre una supuesta “Argentina racista” que escalaron a una velocidad difícil de seguir. La sensación fue que, de un momento a otro, se había puesto en marcha una enorme máquina de odio digital, en este caso sobre nuestro país.

Sin embargo, una investigación internacional sugiere que quizás estamos mirando el lugar equivocado. El problema no empezaría en las plataformas, ni siquiera en los algoritmos. Según un estudio publicado en Nature Human Behaviour, las personas que agreden en internet son, en casi todos los casos, las mismas que también muestran comportamientos hostiles en la vida cotidiana.

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Lo relevante del estudio es que plantea una explicación alternativa a la que predominó durante buena parte del tiempo: la idea de que las plataformas vuelven más agresivas a las personas. Bajo esa mirada, el anonimato, los algoritmos y la búsqueda permanente de atención parecían explicar por sí solos la escalada de insultos, ataques y polarización que domina buena parte de las conversaciones digitales.

El trabajo analizó el comportamiento de más de 15.200 personas en 30 países de seis continentes y uno de sus resultados más sólidos, observado en todos los países analizados, muestra que quienes reconocen comportamientos agresivos en conversaciones cara a cara son exactamente las mismas personas que insultan, atacan o hostigan en redes sociales. La correlación estadística entre ambos comportamientos alcanzó 0,77 sobre 1, un nivel excepcionalmente alto para este tipo de investigaciones.

El estudio resume esa conclusión con una frase contundente: “La agresión online no fabrica nuevos monstruos”. Las redes no fabricarían agresores, sino que funcionarían como un megáfono extraordinariamente eficiente para amplificar una agresividad que ya existía con anterioridad.

Eso no significa que las plataformas sean neutrales. Para Faustino Raggi, fundador de la consultora Afiches, una startup especializada en investigación de mercado y análisis de la opinión pública, los algoritmos cumplen un papel determinante al decidir qué discursos se vuelven visibles. “Las plataformas trabajan con la lógica del engagement: lo que genera más interacciones se comparte más y, por lo tanto, se amplifica más. Lo contrario ocurre con las opiniones minoritarias o moderadas”, explica.

Según Raggi, para entender este fenómeno resulta útil recuperar un concepto clásico de la teoría de la comunicación: la espiral del silencio. La idea sostiene que las personas tienden a callar cuando perciben que su opinión es minoritaria, mientras que quienes sienten que forman parte de la posición dominante hablan con mayor seguridad.

En las redes sociales ese respaldo ya no proviene únicamente del entorno social, sino del propio algoritmo. “En la era del engagement, quienes terminan participando activamente suelen ser quienes sostienen posiciones más intensas. Las opiniones moderadas muchas veces quedan guardadas porque generan menos interacción y, por lo tanto, reciben menos amplificación”, sostiene.

Lo que eso genera es una percepción engañosa. Aunque las conversaciones digitales parezcan dominadas por posiciones extremas, eso no implica necesariamente que la sociedad en su conjunto también lo esté. “Hay mucha gente que sigue pensando moderadamente, incluso en redes sociales. El problema es que esas posiciones generan poco engagement y terminan siendo prácticamente invisibles”, puntualiza.

El conflicto como prestigio

La investigación identifica otro elemento central: los individuos más hostiles presentan altos niveles de una motivación psicológica específica, la búsqueda de estatus mediante la dominancia.

En otras palabras, la agresión no responde únicamente al enojo o la indignación, sino que para muchas personas constituye una forma de ganar reconocimiento, imponerse en una discusión o construir prestigio dentro de determinados grupos.

Las plataformas, sin proponérselo explícitamente, terminan reforzando esa lógica. “El algoritmo no premia necesariamente una posición política determinada; premia aquello que consigue captar atención, generar interacciones y circular más”, comentan desde Afiches.

Ese es el resultado visible en las redes. Ese mismo incentivo termina favoreciendo los discursos más confrontativos, incluso más allá de la política, en ámbitos como el entretenimiento, los deportes, la cultura pop o cualquier tema donde la confrontación logre atraer comentarios, compartidos o reacciones.

Si se quiere, uno de los aportes más novedosos del estudio es que desplaza la explicación desde la tecnología hacia las condiciones sociales. Por ejemplo, los investigadores observaron que la hostilidad online aumenta en sociedades con mayores niveles de desigualdad económica y menor calidad democrática.

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Incluso encontraron una diferencia interesante entre distintos tipos de países. En las democracias consolidadas, las redes sociales suelen percibirse como espacios donde predomina la polarización; en los contextos más autoritarios ocurre lo contrario: muchas personas consideran que internet representa uno de los pocos espacios donde todavía pueden expresarse libremente frente a la censura estatal.

Para Raggi, esa diferencia tiene una explicación sencilla: “En las democracias la gente está más dispuesta a opinar porque siente que tiene libertad para hacerlo. Esa misma libertad también la tienen quienes sostienen posiciones mucho más intensas. En los países autoritarios, donde la censura limita directamente la expresión pública, esa intensificación simplemente no aparece del mismo modo.”

La mayoría no participa de la pelea

Quizás uno de los aspectos menos visibles del fenómeno sea precisamente quiénes quedan afuera.

Según Raggi, buena parte de la población utiliza las plataformas con fines completamente distintos. En una encuesta reciente realizada por Afiches, la mayoría de los participantes describió al teléfono celular como una herramienta de conexión cotidiana y no como un espacio asociado a la agresión política. “La mayoría de la gente tiene una visión funcional del mundo digital. Cuando uno analiza temas muy polarizantes, como la política, aparece esa intensidad. Pero existe un enorme grupo de personas que directamente no entra en esas discusiones.”

¿Qué ocurre con ese grupo? Que termina siendo invisible. “No participan porque no les interesa o porque justamente su propia moderación hace que prefieran no entrar en la discusión. Y como el algoritmo privilegia la intensidad, esa mayoría moderada casi no se ve”, apunta.

La investigación también cuestiona una de las respuestas más habituales frente al problema: moderar contenidos o aumentar las regulaciones sobre las plataformas.

Los autores consideran que esas medidas pueden ser necesarias, pero difícilmente resuelvan el fenómeno por sí solas. Raggi coincide al explicar que el problema de las regulaciones es que muchas veces no advierten que estos fenómenos provienen de raíces sociales, de conductas propias de la vida en sociedad. “Por eso, la regulación por sí misma puede resultar ineficaz.”

Pensar que las redes funcionan como una caja de resonancia que amplifica el comportamiento hostil de personas que ya actuaban de esa manera antes de encender la pantalla supone un cambio sustancial en la conversación sobre la hostilidad online.

La decisión del Gobierno de derogar tres resoluciones que durante más de tres décadas regularon el ingreso de bananas a las principales zonas productoras del país abrió un conflicto entre la Nación, las provincias de Salta y Jujuy y el sector bananero. Mientras la administración de Javier Milei sostiene que los controles fitosanitarios continúan vigentes bajo un sistema más moderno basado en análisis de riesgo y fiscalización del Senasa, productores y gobiernos provinciales advierten que la medida elimina una barrera sanitaria histórica y eleva el riesgo de ingreso de enfermedades capaces de afectar la producción nacional.

El origen de la controversia fue la publicación de la resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, firmada por Sergio Iraeta, mediante la cual se derogaron ocho resoluciones fitosanitarias dictadas entre 1992 y 2013. Entre ellas quedaron sin efecto la Resolución 99/1994, la Resolución 823/2006 y la Resolución 262/2013, que conformaban el esquema sanitario para el ingreso de bananas importadas.

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La primera de esas normas, la resolución 99/1994, fue dictada hace más de 30 años para preservar el estatus fitosanitario del noroeste argentino (NOA). Prohibía el ingreso de bananas provenientes de países con determinadas plagas cuarentenarias hacia esa región del país. Más tarde, la resolución 823/2006 extendió ese esquema de protección a Formosa y Misiones, mientras que la resolución 262/2013 redefinió su alcance y concentró la restricción únicamente en Salta y Jujuy, donde se ubica el principal polo productor de banana del país.

Al justificar la derogación, Agricultura señaló que aquellas normas habían perdido vigencia práctica porque fueron reemplazadas por mecanismos más modernos de evaluación, trazabilidad, digitalización y fiscalización. Según explicó la cartera, los controles fitosanitarios actualmente se realizan mediante análisis de riesgo de plagas, inspecciones documentales y físicas, certificaciones internacionales y procedimientos armonizados con los estándares internacionales y del Mercosur, por lo que las resoluciones derogadas habían quedado obsoletas. Asimismo, sostuvo que la eliminación de esas normas no implica dejar de controlar el ingreso de bananas, sino actualizar el marco regulatorio vigente.

En un informe técnico al que tuvo acceso LA NACION se destaca que los requisitos fitosanitarios para la importación de bananas se determinan mediante el Análisis de Riesgo de Plagas previsto por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO y que las verificaciones continúan siendo realizadas por inspectores del Senasa en los puntos de ingreso al país. También señala que los requisitos se actualizan de manera periódica conforme cambia la situación sanitaria de los países exportadores y que el Mercosur armonizó los requisitos fitosanitarios para el comercio de banana mediante resoluciones específicas.

La decisión generó una inmediata reacción en las provincias productoras. Jujuy respondió mediante un decreto firmado por el gobernador Carlos Sadir que restablece controles provinciales para el ingreso, tránsito, almacenamiento y comercialización de banana fresca importada.

En los fundamentos del último decreto provincial, cuestiona que Nación afirme que los antiguos requisitos fueron reemplazados por mecanismos modernos “sin mencionar tales”. Según el gobierno jujeño, la derogación incrementa objetivamente el riesgo de ingreso y dispersión de plagas cuarentenarias que podrían afectar el patrimonio fitosanitario provincial. El decreto provincial menciona entre las principales amenazas sanitarias a la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis), Ralstonia solanacearum, Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (TR4), Palleucothrips musae y Colaspis hypoclora, y advierte que algunas de esas enfermedades pueden destruir plantaciones y dejar los suelos improductivos durante más de treinta años. Por ese motivo, Jujuy volvió a exigir certificado fitosanitario de origen, Autorización Fitosanitaria de Importación (Afidi) y demás inspecciones.

Salvador Muñoz, presidente de Salvita, consideró que el Gobierno interpretó la normativa como una regulación comercial cuando, a su entender, su verdadero objetivo era sanitario. Según explicó, la implementación de esa barrera demandó varios años de trabajo y buscó proteger a la producción argentina frente a enfermedades capaces de comprometer seriamente el cultivo. Muñoz sostuvo, además, que la eliminación de la restricción difícilmente tenga impacto en los precios al consumidor porque el mercado de Salta y Jujuy representa apenas alrededor del 1,2% del consumo nacional. “Es un hecho consumado para el gobierno, de nuestra parte dimos vuelta a la página. Se hacen pensando que son decisiones regulatorias en términos comerciales, pero en definitiva esto es sanitario”, dijo.

Fernando Ortiz, productor de Salta, también cuestionó la medida y aseguró que las provincias no fueron consultadas antes de la derogación. Sostuvo que Salta y Jujuy permanecen libres de enfermedades como la Sigatoka Negra y el Fusarium Raza 4 Tropical, conocido como Mal de Panamá, y advirtió que el ingreso de fruta contaminada con restos vegetales podría favorecer la propagación de esas plagas.

En este contexto, en un posteo en su cuenta de X, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, indicó: “Ante la decisión inconsulta del gobierno nacional de modificar el régimen fitosanitario para el ingreso de bananas importadas, poniendo en riesgo a nuestra economía regional, con el gobernador de Jujuy, @carlossadirjuy, tomamos la decisión de mantener los controles necesarios en ambas provincias para cuidar la producción y minimizar los riesgos sanitarios que echen por tierra años de trabajo, esfuerzo y dedicación”. Agregó: “La defensa de la producción y las economías regionales de ambas provincias son acciones indelegables de quienes las gobernamos. Defender nuestra producción es ejercer el federalismo en el Norte profundo, postergado. Los productores y la cadena de valor tienen que estar tranquilos porque estableceremos barreras sanitarias y tomaremos todas las medidas necesarias en defensa del sector".

Ante los cuestionamientos, autoridades del Senasa mantuvieron una reunión con productores y representantes de Salta y Jujuy para explicar los alcances de la medida. Según indicaron fuentes del organismo, “la derogación de las resoluciones no modifica los controles aplicados a la banana importada, ya que continúan las inspecciones documentales, físicas y los monitoreos en frontera”. Asimismo, señalaron que, de acuerdo con la evidencia científica disponible, el riesgo de introducir enfermedades como la Sigatoka Negra mediante fruta comercial limpia y libre de restos vegetales es muy bajo y que esas plagas se regulan principalmente en el comercio de plantas y material de propagación.

En lo que va del año la Argentina importó 285.531 toneladas de banana, principalmente desde Ecuador, que concentra alrededor del 70% del abastecimiento externo, seguido por Bolivia y Paraguay.

Desde la Cámara Argentina de Banana y Afines (Camabana) dijeron que el mercado se encuentra actualmente abastecido y rechazaron que existieran restricciones que impidieran el ingreso de fruta importada de los mercados relevantes. Según explicaron, “hoy lo que se está importando es lo que se está demandando”. En la entidad agregaron que “el volumen importado resulta suficiente para abastecer ampliamente el consumo interno”.

El nuevo impuesto a las segundas viviendas en Nueva York volvió a generar cuestionamientos contra la administración del alcalde Zohran Mamdani. Abogados especializados en derecho tributario aseguraron que el procedimiento utilizado para identificar a los posibles contribuyentes resultó “confuso”, luego de que el Departamento de Finanzas publicara una base de datos con más de 900 mil propiedades y enviara notificaciones a miles de dueños de inmuebles.

Qué cuestionan los abogados sobre el nuevo impuesto a segundas viviendas

Según informó Gothamist, la entidad difundió el pasado viernes 24 de julio un listado con más de 900 mil propiedades que podrían quedar alcanzadas por el gravamen conocido como “pied-à-terre”, dirigido a determinadas propiedades que no son la residencia principal de sus dueños. Públicamente y durante su campaña, Mamdani ha tratado el gravamen como un “impuesto a los ricos”.

Posteriormente, funcionarios municipales aclararon que solo enviaron cartas a 17.000 direcciones que la ciudad considera potencialmente alcanzadas por la medida. Esa diferencia generó consultas entre propietarios que interpretaron que deberían pagar el nuevo cargo.

El abogado Ben Williams, responsable del área de impuestos inmobiliarios del estudio Rosenberg & Estis, aseguró que recibió numerosas consultas desde la publicación del listado.

“Estamos siendo inundados con llamadas y correos electrónicos de propietarios de cooperativas, condominios y casas. No entiendo por qué decidieron hacerlo de esta manera”, afirmó al medio neoyorquino.

Qué propiedades podrían quedar alcanzadas en Nueva York

El impuesto a las segundas viviendas fue presentado por Mamdani en abril como una herramienta para incrementar la recaudación destinada a programas sociales. En esta primera etapa, alcanza a:

• Casas unifamiliares valuadas en más de US$5 millones.
• Cooperativas y condominios con un valor mínimo de US$1 millón.
• Inmuebles que no constituyan la residencia principal de su propietario.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Ayuntamiento de Nueva York, el alcalde defendió el mecanismo implementado. “Estamos comprometidos a garantizar que este impuesto solo recaiga sobre quienes poseen una segunda vivienda valorada en más de US$5 millones”, sostuvo. También explicó que el envío anticipado de notificaciones busca permitir que los propietarios corrijan posibles errores antes de la entrada en vigor del gravamen.

Propietarios aseguran que recibieron avisos por error

Entre los casos citados por Gothamist figura el de Michael LaPayower, residente de Staten Island, quien afirmó vivir en la misma vivienda desde 2011 y manifestó su sorpresa al encontrar su propiedad dentro del listado.

Otra propietaria, Karen Young, del Upper West Side, contó que recibió una carta pese a que el inmueble constituye su residencia habitual. Según explicó, debió contratar a un abogado para reunir la documentación necesaria y demostrar que no corresponde aplicar el impuesto. “Todo el sistema transmite la idea de que uno es culpable hasta demostrar lo contrario”, aseveró.

Los propietarios tienen plazo hasta el 21 de agosto para presentar la documentación y solicitar una exención si consideran que fueron incluidos por error.

La administración de Mamdani defiende el procedimiento

Especialistas en impuestos inmobiliarios consideran que el mecanismo trasladó parte de la verificación a los propios contribuyentes. El abogado Adrian Diaz, del estudio Hogan Lovells Cadwalader, señaló que varios de sus clientes recibieron cartas aunque utilizan esas propiedades como residencia principal.

“Da la impresión de que la ciudad envió avisos a todos los inmuebles que superan el umbral de valor y luego pregunta si realmente se trata de una segunda vivienda”, remarcó. Desde la administración municipal respondieron que el procedimiento se ajusta a la legislación estatal que creó el gravamen.

Por su parte, una portavoz de la gobernadora Kathy Hochul indicó que la ley solo exige incorporar el impuesto a los registros públicos y sostuvo que las consultas sobre su aplicación corresponden al Ayuntamiento de Nueva York.

Las marcas chinas ya ocupan un lugar relevante dentro del mercado automotor argentino. Durante junio patentaron al menos 4621 automóviles y comerciales livianos, equivalentes al 10,7% de las 43.199 unidades registradas en el mes. BYD encabezó ampliamente este grupo, con 1740 vehículos, seguida por Chery (694), BAIC (689), Haval (376) y MG (340), mientras que detrás aparece una oferta cada vez más atomizada, con marcas como Changan, Foton, DFSK, JAC, Jetour, Dongfeng y GAC Motor, entre otros.

Para este cálculo se consideró el origen o la propiedad de cada marca y no el lugar de fabricación de los modelos. Por eso quedaron afuera vehículos producidos en China pero vendidos bajo otros emblemas, como el Ford Territory, el Chevrolet Captiva o el Chevrolet Spark, entre otros. Si también se incorporaran esos modelos, la participación se acercaría al 13,5% del mercado de livianos.

Los autos que crecieron un 340% en ventas pese a la caída que registró la industria en el primer semestre del año

El fenómeno de estas marcas ya no se explica únicamente por precio. En muchos casos, estas compañías comenzaron a competir también por tecnología, equipamiento y electrificación, segmentos donde varias terminales tradicionales todavía tienen una oferta limitada en la región.

A eso se suma el régimen que permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan determinados requisitos técnicos y un valor FOB máximo de US$16.000 establecido por el Gobierno. Este esquema mejoró la competitividad de híbridos y eléctricos provenientes principalmente de China.

Uno por uno, todos los autos chinos que se venden en el país

Haval:

• Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
• Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
• Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
• Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990
• H6 2WD: US$36.500
• H6 4WD: US$39.900
• H6 GT 4WD: US$44.400
• H6 HEV Deluxe: US$33.500
• H6 HEV Supreme: US$35.500
• H6 PRO HEV: US$35.500

Ora:

• Ora 03 Deluxe: US$31.000

JMEV

Easy 3: US$18.900

Poer:

• Poer Elite 2WD: US$28.730
• Poer Elite 4WD: US$32.697
• Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990

Tank:

• Tank 300: US$51.900

Jetour:

• X50: US$26.600
• T2: US$54.900
• T1: US$51.900
• Dashing: US$38.500
• X70 Plus: US$40.500
• X70 1.5T AT: US$31.500

BYD:

• Dolphin Mini GL: US$22.990
• Dolphin Mini GS: US$23.990
• Yuan Pro GL: US$29.990
• Yuan Pro GS: US$30.990
• Song Pro GL: US$34.990
• Song Pro GS: US$36.990
• Atto 2 DM-i: US$31.990
• Shark DMO: US$59.990
• Seal U DM-i: US$47.990

Maxus:

• T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
• T60 4x2 6MT: US$28.900
• T60 4x4 6MT: US$31.500
• T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
• T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
• T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
• T90: US$43.000
• T90 EV: US$72.000
• D90: US$66.000
• eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)

Chery:

• Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
• Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
• Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500
• Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900
• Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600

BAIC:

• X35 Fashion: US$25.500
• X35 Fashion Plus: US$27.200
• X35 Luxury: US$28.200
• X55 II Luxury: US$39.700
• X55 II Plus: US$45.700
• X55 II Hybrid: US$36.900
• BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
• BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
• BJ40 3 Puertas: US$61.300
• BJ40 Plus: US$63.900
• BJ60 Mild Hybrid: US$78.600
• U5 Plus: US$25.600
• EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
• EU5 Plus: US$48.700

ARCFOX:

• T1: US$29.500
• KAOLA S: US$27.200
• T5: US$39.600
• S5: US$39.800

MG:

• MG3 HEV Confort: US$23.500
• MG3 HEV Luxury: US$25.900
• MG ZS HEV Confort: US$27.500
• MG ZS HEV Luxury: US$29.900
• MG Cyberster: US$130.000

Skywell:

• ET5: US$48.000
• BE11: US$58.000

DFSK:

• E5 PHEV: US$34.500
• E5 Plus: US$33.800 (precio promocional por lanzamiento por 60 días)
• Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
• Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.000

Foton:

• Tunland G7 4x2 MT: $43.137.500
• Tunland G7 4x4 MT: $46.182.500
• Tunland G7 4x2 AT: $48.212.500
• Tunland G7 4x4 AT: $52.932.250
• Tunland V9 4x4 AT: $73.739.750
• Tunland V7 MHEV 4x4 AT: US$54.500 (preventa)
• Tunland V9 Pro Sport 4X4 AT: US$57.000 (preventa)

JAC:

• S2 MT Intelligent FL: US$20.900
• JS2 Luxury LV: US$22.900
• JS4 LV: US$27.500
• JS4 Flagship: US$29.500
• JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
• JS8 Pro: US$36.900
• E30X Luxury: US$30.500
• T8 4X4 MT: US$34.900
• T9 Luxury: US$38.500

Kaiyi:

• X3 1.5 Luxury: US$22.000
• X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000
• X7 1.5 Hybrid: US$35.000
• X7 2.0T Luxury: US$38.000

GEELY:

• EX5: US$34.800
• Icon: US$30.800

CHANGAN:

• CS55 Plus PHEV: US$32.000

GAC:

• GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
• GS4 Emkoo HEV: US$33.800
• Aion ES: US$33.800
• GS8: US$60.000
• Emkoo Hybrid GL: US$33.800
• S7 PHEV: US$74.990

Forthing:

• T5 MT: US$21.950
• T5 HEV: US$36.190
• T5 EVO: US$36.840
• U-Tour: US$40.221
• Friday REEV: US$32.300
• U-Tour Hybrid: US$43.957
• Friday EREV Luxury: US$37.855 (nuevo)

Dongfeng:

• Box: US$29.700
• Mage: US$34.400
• Huge: US$36.700

Lynk & Co:

• Lynk&Co 01: US$37.900
• Lynk&Co 06: US$32.800
• Lynk&Co 08: US$63.200

Rely:

• R8 Comfort 4x4 CD MT: US$32.000
• R8 Comfort 4x4 CD AT: US$34.000
• R8 Luxury 4x4 CD MT: US$36.500
• R8 Limited 4x4 CD AT: US$39.500

Leapmotor:

• B10: US$31.990
• C10: US$35.500