Radio OVOS

Ya en campaña por la reelección y elegido el kirchnerismo como principal fuerza para confrontar en público, Javier Milei acaba de quedar sin embargo en medio de un contrapunto más sutil y desafiante que libra dentro de la Casa Rosada, frente a los incrédulos de su propia administración. Son los que han empezado a dudar de los tiempos del programa económico. ¿Habrá algo más para mostrar antes de octubre de 2027? Esa disputa, bastante menos evidente que la interna entre su hermana Karina, los Menem y Santiago Caputo o que las críticas a empresarios y periodistas, lo seguirá acompañando en la medida en que no obtenga resultados uniformes y descollantes.

Libertarios de poca fe. Cada tanto, en la intimidad o a través de declaraciones públicas, aparece alguno que duda. Pasó el lunes, durante la reunión de gabinete, otra vez con Patricia Bullrich. No fue algo explícito: la senadora dijo al pasar que había sectores económicamente golpeados. Nada nuevo. Hace tiempo que ella lo plantea; la persiguen los fantasmas de la gestión de Macri. El de las primarias de agosto de 2019, por ejemplo. Cuando, confiado el gabinete hasta ese momento en las proyecciones de Marcos Peña y Durán Barba, recibió el golpazo de la derrota que desencadenó al día siguiente la corrida y aceleró el final.

Bullrich suele agregar, sin embargo, que ahora podría ser distinto porque hay tiempo de corregirse. Pero su sola referencia a los rezagados alcanzó el lunes para que el Presidente dedicara después en el mismo encuentro, y sin nombrarla, un largo rato a explicar por qué muchos de los diagnósticos económicos que se oyen están equivocados.

Nadie más hizo objeciones. Pero hay varios inquietos. Funcionarios y militantes convencidos del modelo que valoran los logros, pero a quienes también los perturba ver a Milei dispuesto a concluir con el ajuste incluso en medio de la campaña electoral, algo que nadie hizo nunca, y que proyectan además los números fiscales que, pese a las quejas por el ingreso o salario, imaginan recibiría eventualmente un sucesor. Cuentas en equilibrio, tarifas acordes con los costos, inflación en baja, calles despejadas, superávit comercial y sindicatos y movimientos sociales desmembrados. “Agarra un populista, sube impuestos y no se va por una década”, proyectó un oficialista que quisiera creer. Hace unos días, motivado por lo mismo, alguien le preguntó al ministro de Economía, Luis Caputo, si la reducción de subsidios iba a interrumpirse o atenuarse en los próximos meses. Estaba pensando en el IPC: según los resultados que el Indec dio a conocer anteayer, los peores aumentos no están en los bienes sino en los servicios. Pero Caputo contestó a lo Milei: “Depende de la ‘reca’”, dijo, y agregó que si los ingresos venían mal iba a tener que seguir eliminando subsidios para preservar el equilibrio fiscal.

Ahí no hay fisuras. Igual que el Presidente, el ministro prefiere resignar actividad antes que aflojar el apretón monetario y aceptar como consecuencia una caída más gradual en la inflación. Es una apuesta electoralmente riesgosa: el segundo trimestre del año, cuyos números oficiales se publicarán la semana próxima, volvió a dar para abajo. Y ese comportamiento coincide con los desplomes en industria y en la construcción en julio, ya tercer trimestre, y más allá de que en el Palacio de Hacienda le encuentran a ambas caídas explicaciones técnicas o de estacionalidad: dicen que julio fue un mes con lluvias infrecuentes que paralizaron la construcción y que, por el lado fabril, el recorte de subsidios tarifarios y el alza en el petróleo y el gas dispararon los costos en relación con 2025 y eso convenció a varios de parar plantas durante esos días.

Los afectados lo padecen de todos modos: para unos cuantos no resultó rentable producir. Es uno de los puntos de conflicto entre Caputo y la Unión Industrial Argentina (UIA): después de las críticas que se oyeron en la última celebración del Día de la Industria en la planta de Elea, el ministro le postergó a la conducción de la central fabril una reunión que tenían prevista para estos días. En el Palacio de Hacienda dicen estar buscando fecha para concretarlo, pero anticipan que octubre es un mes de agenda cargada.

Milei dice que no le preocupa. No alterará el programa por una elección y hasta se jacta de eso. “Volvemos al sector privado”, repite. En donde sí parece estar dispuesto a ceder es en asuntos que van por fuera de lo económico y que en todo caso empieza a discutir la mesa política. Federico Sturzenegger, probablemente el ministro más identificado ideológicamente con Milei, ya está avisado: algunos de sus proyectos no verán la luz por un tiempo o serán presentados de una manera menos confrontativa, repartidos en distintas resoluciones o aplicados en varias secuencias. Venta libre en farmacias, libertad educativa, etcétera. Días atrás, invitado a la reunión de la mesa política después del fracaso de la reforma en el régimen de los prácticos, y apenas Santilli le recordó que varios gobernadores estaban reclamando la ley del cabotaje fluvial para bajar los costos internos, una iniciativa que ya puso en guardia a la industria naval, Sturzenegger hizo un gesto como tomando a todos sus compañeros de la mano: “No hay problema, pero nos agarramos y bancamos”, dijo.

Un pase de factura tenue que no pasó de eso, porque el escenario tampoco permite tensar tanto la relación con los aliados. Gobernadores, referentes de Pro, radicales. Esta semana, al ver que la oposición tenía el quorum para los proyectos de discapacidad y morosidad en la Cámara de Diputados, Martín Menem aceptó sin quejarse las mociones para fijar el cronograma de trabajo en las comisiones. “No me obligues a resistir en temas como la discapacidad”, le habían dicho en uno de los espacios que lo apuntalan.

¿Cuántos proyectos libertarios podrían quedar en el camino de estos acuerdos? Nadie lo sabe. En el Gobierno dudan hasta con la reforma política, fundamental para el propósito de evitar las primarias. Deberán negociarlo. “Vamos a hacer lo posible”, dijo Menem anteayer en Radio Mitre. “Hoy la reforma no está”, la oyeron plantear en la intimidad a Patricia Bullrich.

El temor de varios armadores oficialistas es que el clientelismo de algunos gobernadores motive a votar solo en las elecciones locales y a desoír la convocatoria nacional. No hay que olvidar que muchos comicios provinciales irán desacoplados y que la provincia de Buenos Aires tiene un sistema de votación distinto. El Gobierno necesita a los gobernadores militando la boleta libertaria: la abstención ha pasado a ser tanto o más riesgosa que cualquier propuesta opositora.

Dependerá en parte de lo que haga el peronismo. Por ahora está partido en pedazos. Dicen que el tema preferido de Máximo Kirchner en las reuniones es Kicillof. Y que Massa también se suma a la crítica. Dudan de esa candidatura con el argumento de que no les garantiza un piso alto. Alguien le preguntó en estos días a Massa si en sus planes figuraba también competir para gobernador bonaerense. La respuesta fue que no, que para aspirar a una administración razonable en ese distrito había que encarar modificaciones estructurales que la dirigencia bonaerense rechaza. Que prefiere guardarse y que, en todo caso, si aparece “una ventana”, competirá por la presidencia. ¿Ventana? Quienes conocen su optimismo saben que imagina una puerta de par en par.

Todos anhelos sujetos a un fracaso económico de Milei. A que el electorado decida volver cuatro años en el tiempo porque algo salió mal o se demora más de la cuenta. Es el terror de los incrédulos libertarios.

En mayo del año pasado me quejé de que el Gobierno todavía no había nombrado (ni intentado nombrar) ningún magistrado, a pesar de los enormes problemas que generaba para la Justicia Federal la existencia de tantos juzgados y fiscalías vacantes. Desoyendo mis protestas, el Gobierno mantuvo su postura durante casi otro año más, hasta la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, que finalmente mandó los pliegos demorados y entre junio y fines de agosto el Senado aprobó 170 cargos de jueces, fiscales y defensores federales.

Si antes protestaba porque el Gobierno ignoraba el tema, ahora no voy a protestar por lo contrario. Nombrar jueces es parte del funcionamiento normal de una república y estas designaciones cumplieron los pasos legales para cada cargo: el Consejo de la Magistratura hizo los concursos y presentó sus ternas al Poder Ejecutivo, que a su vez eligió un candidato para enviar el pliego al Senado y el Senado los aprobó. En este sentido, nada que objetar: debería ser más habitual y menos parecido a un aluvión esporádico, pero es un paso adelante.

Un punto para resaltar, sin embargo, es que solo seis de los 170 cargos aprobados fueron para abogados que venían ejerciendo su profesión fuera del sistema judicial. Es decir, que la inmensa mayoría de los afortunados ganadores de los concursos son miembros de lo que se conoce, quizás injustamente, como la “familia judicial”, famosa por ser proclive a los acomodos y los intercambios de favores. Sería injusto y soberbio afirmar que todos los designados en estos meses entraron o ascendieron gracias a padrinos o contactos, pero la hostilidad de la familia para aceptar yernos o cuñados nuevos parece innegable.

Un problema central de nuestra Justicia es la enorme influencia de estos padrinos (de dentro pero también de afuera: de la política) en las carreras de los magistrados federales. Tipos y minas que saben a qué operadores les deben sus cargos (y de quiénes dependen para seguir ascendiendo) se incorporan así a la cascada de decisiones en el borde de la legalidad que empiojan los expedientes y perjudican la calidad del servicio de justicia.

Algunos dirán que, con la cultura política que tenemos, es un problema imposible de resolver. Que seguiremos presos de este sistema judicial donde reinan los favores, los acomodos, las apretadas y la ocasional corrupción. Puede ser. Sin embargo, está en el aire una propuesta de la Corte Suprema que ayudaría mucho a reducir la influencia de los operadores y aumentar las chances de los candidatos más idóneos para los cargos vacantes.

Esta propuesta, firmada en marzo por dos de los jueces de la Corte (Rosenkrantz y Lorenzetti), busca hacer una reforma profunda de los concursos. La visión de la Corte es que los concursos actuales son demasiado discrecionales, sobre todo la instancia de la “entrevista”, que deja mucho espacio para acomodar los puntajes. La Corte propone exámenes anónimos, con una primera prueba automatizada, una segunda de resolución de casos y redacción de sentencias, antecedentes tabulados y una entrevista limitada a 20 puntos sobre 200. Para los ñoños de corazoncito meritocrático, como yo, parece una propuesta más que razonable, imposible de rechazar en sus propios términos.

Sin embargo, ahí está, penando en el Consejo de la Magistratura, donde necesita 11 votos de 20 para ser aprobada y donde pocos parecen estar mostrando urgencia por tratarlo. Quizás la falta de entusiasmo se deba a que, como tantas veces en la Justicia, algunos están relojeando cómo vienen los apoyos políticos antes de decidir su postura. El Gobierno no parece muy entusiasmado. Mahiques, sobrino perfecto de la “familia judicial”, no se pronunció sobre el tema, pero su viceministro, Santiago Viola, dijo que la propuesta de la Corte es apenas un “consejo” y criticó la “ansiedad desmedida” de algunos por aprobarla. Otra incógnita es el tercer miembro de la Corte, Horacio Rosatti, que no firmó la acordada, aunque después la calificó como “valiosa”. Un dato que seguro no tiene nada que ver, pero quizás libera a Rosatti hacia el futuro: uno de los designados en junio, con el sistema actual, fue su hijo Emilio, ahora juez del tribunal oral de Santa Fe.

Acá vienen entonces mis dos pedidos para el Gobierno. Si, como dice, quiere mejorar las instituciones, terminar con las “mafias” y generar confianza en el país, debería apoyar públicamente la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti e impulsar, con los cambios necesarios para conseguir los votos, un nuevo reglamento de concursos para jueces. Un gobierno meritócrata no puede defender este sistema de elección de magistrados donde reinan los acomodos, los operadores y los padrinazgos.

Segundo pedido: completar la Corte Suprema. Dado que salió del letargo con la designación de magistrados federales, el Gobierno podría aprovechar el envión para terminar con la anomalía de tener una Corte de tres miembros, incompleta desde la renuncia de Highton de Nolasco en 2021 y la salida de Maqueda en 2024. Estas vacantes también generan todo tipo de engorros y demoras, además de ser un problema democrático en sí mismo: un país no puede estar tanto tiempo sin todos sus miembros del máximo tribunal. Acá el Gobierno es cierto que lo intentó, a los tumbos, estrafalariamente, con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla rechazados a principios del año pasado, pero toda la saga de sus nombramientos fue un desastre de principio a fin.

En los últimos 20 años solo llegaron dos jueces nuevos a la Corte: Rosatti y Rosenkrantz, en 2016. Desde entonces pasó una década sin una sola incorporación, la mitad de ese tiempo con la Corte incompleta. Ahora es el momento ideal para arrancar el proceso otra vez. Si ya tuvo la intención y el músculo político como para conseguir que 66 senadores votaran sus pliegos federales, no veo por qué no podría el Gobierno pensar dos nombres potables y prestigiosos que reúnan los 48 votos necesarios para designar a los jueces supremos. Si se demora, en unos meses entramos en año electoral y ya después será imposible. Si se demora todavía más, quién sabe qué pasará en las elecciones. Podría dejarle la decisión, que influirá en el orden jurídico argentino de las próximas generaciones, a Axel Kicillof, a Sergio Massa o a quien fuera. Estimo que el presidente Milei no quiere dejarles semejante regalito.

Si no es mucho pedir, sería ideal que estos dos nombres potables y prestigiosos sean de cualquier filosofía del derecho pero intelectualmente serios, no rosqueros, no políticos, miembros de la familia judicial (o no), pero ajenos a su cadena de favores. En estos años hemos discutido mucho sobre la ideología de los jueces –abolicionistas, punitivistas, positivistas, interpretativistas–, pero prefiero a cualquiera que se tome en serio a sí mismo y se tome en serio al derecho y la Constitución, antes que uno que viene a hacer política desde la Corte Suprema. Fin de los pedidos.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista digital Seúl

El jugador brasileño John Kennedy, quien anotó el 2 a 1 final con el que Fluminense se coronó campeón de la Copa Libertadores 2023 frente a Boca Juniors, fue denunciado por amenazar a una repartidora de una aplicación de comida. El incidente ocurrió el lunes, cuando el futbolista pidió un helado en un hospital privado de Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro, donde se recupera luego de una operación de rodilla derecha.

Luego de que el hecho tomara conocimiento público, Kennedy reconoció que existió la conversación, pero “negó rotundamente” haber amedrentado a la trabajadora.

Según reconstruyó el medio ge.globo, la repartidora, Samantha Guzmán, llegó para completar la entrega y le pidió a Kennedy que bajara, pero no obtuvo respuesta y contactó al chat de la aplicación. Después de 15 minutos, el delantero de Fluminense respondió y se desató una discusión, en la que el deportista la habría insultado.

“Lo arreglaré contigo de otra manera”, se lee en uno de los pasajes del intercambio, cuyas capturas empezaron a circular en redes sociales durante las últimas horas.

En la misma conversación, Kennedy le aclaró a la repartidora que, quien recibiría el pedido sería alguien de su entorno. En esa dirección, la víctima afirmó que encontró a un amigo del jugador en la entrada del hospital, quien la insultó, llamándola “sin hogar” y “muerta de hambre”. Minutos más tarde, la policía acudió al lugar y detuvo la discusión entre ambos.

En su declaración a la Policía Militar de Río de Janeiro, Guzmán alegó que el 9 de septiembre -dos días después del hecho-, el mismo amigo de Kennedy que había estado en el hospital fue al negocio de su padre, también en Copacabana. Según la mujer, en ese momento el hombre volvió a incurrir en diversas amenazas.

Finalmente, el día jueves 10, la repartidora presentó una denuncia policial en la Comisaría N° 12 de la Policía Civil de Copacabana y, después, desde el entorno de Kennedy difundieron un comunicado, en el que expresaron: “John Kennedy admite que hubo una conversación con un empleado de la aplicación iFood sobre problemas con la entrega, pero niega rotundamente haber proferido amenazas contra terceros en el incidente denunciado”. De momento, la denuncia presentada por Guzmán continúa su cuso legal.

Durante la Libertadores 2023, el atacante brasileño disputó un total de 10 partidos, en los cuales marcó cuatro goles y dio tres asistencias. Tras superar una etapa de irregularidad y un breve ciclo cedido a préstamo, su rendimiento en el ámbito local alcanzó una madurez superlativa en el Brasileirao 2026. En la temporada actual, Kennedy registra nueve tantos y dos pases de gol en 18 compromisos.

Juan Carlos Cassagne es una de las figuras más influyentes del derecho administrativo argentino. Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, hace casi 50 años integra la Academia Nacional de Derecho. Combinó el ejercicio de la función pública con una extensa carrera académica y con el sector privado a través de Cassagne Abogados.

Acaba de publicar El Estado Populista (Ediar), un libro en el que cruza su experiencia como administrativista con una lectura crítica de la obra de Ernesto Laclau –el politólogo argentino al que describe como “el ideólogo de todo el socialismo del siglo XXI”– para explicar los mecanismos que, según su tesis, llevaron a media región a construir liderazgos populistas de larga duración. “Vi cómo se derrumbaba el sistema populista de Laclau, en sus propios cimientos, por la corrupción generalizada. Es la primera vez que veo un sistema organizado de corrupción”, comenta.

Señala que el populismo es un mal antiguo que se puede rastrear hasta la Roma del “pan y circo” y llega hasta nuestros días. ”Me empezó a preocupar este tema cuando leí a uno de mis autores preferidos, el húngaro Sándor Márai, que transita la historia de la Europa de entreguerras y de posguerra –cuenta–. Márai explica muy bien cómo la intelectualidad europea abierta y diversa que conoció en los años 30 y 40 un día desaparece, y de pronto todos piensan igual. Llega a una París en la que había un pensamiento único, que seguía fundamentalmente a Jean Paul Sartre".

Cassagne menciona la influencia que Antonio Gramsci tuvo en todo ese conjunto de intelectuales, y apunta que la idea de pertenencia a un grupo para crear y mantener una hegemonía intelectual sedujo a muchos latinoamericanos también. “Muchos, como Vargas Llosa, estuvieron en esa línea hasta que se apartaron. Cuando me enteré que Ernesto Laclau –a quien conocí de chico, porque su familia y la mía están emparentadas–, era el ideólogo de todo el socialismo del siglo XXI empecé a leer sus libros. Su obra central, La razón populista, es un manual del usuario que siguieron estos líderes”.

A Cassagne le pareció un desafío interesante estudiar la forma que el populismo adoptó en la Argentina. El país, añade, fue un laboratorio del modelo siglo XXI de este fenómeno.

–Define el populismo como una tendencia que implica el ejercicio del poder mediante el halago del pueblo. Pero esa idea de “pueblo” deja a muchos afuera.

–El concepto de pueblo que toman es restringido. Tampoco tiene que ver necesariamente con el pueblo real, al que más bien desprecian. Es un pueblo idealizado, limitado a un sector al que llaman “los dominados”. Gramsci reemplaza la ecuación marxista entre propietarios y trabajadores por dominantes y dominados. Promueve la unión de los intelectuales con ese pueblo al que se trata de masificar para edificar una hegemonía. Está basada en una “teoría de las equivalencias” muy interesante: hay que buscar la demanda de mayor centralidad y lograr que sea compatible con todas las demás.

–En El Estado populista sostiene que estos conceptos funcionan a condición de que haya crisis y movimientos de masas.

–Cuando me refiero a eso pienso en una forma de populismo de izquierda radicalizada que intenta quedarse; los de derecha, se van. El socialismo del siglo XXI utiliza la vía democrática y después se eterniza en el poder. O bien recurre a la vía revolucionaria, como antes ocurrió en Cuba, que es un caso curioso: Fidel Castro no usó la vía democrática para llegar al poder, sino que engañó a mucha gente, que creyó que eso iba a derivar en democracia. Resultó algo totalmente distinto.

–El populismo no es una ideología ni de izquierda ni de derecha, pero en el libro hace mucho más hincapié en Chávez, los Kirchner, Correa y Morales. ¿Qué opina de los populismos de derecha?

–La diferencia es que el populismo de derecha, tal como se da en el mundo, se va del poder. El de izquierda estratifica todo el sistema político, que queda sesgado: la creación humana no existe, el hombre individual no existe y se lo reemplaza por el hombre colectivo.

–Usted dice que Laclau concibe al pueblo como un conjunto de demandas “equivalenciales” articuladas por un significante vacío. ¿Qué es el significante vacío?

–El significante vacío es el lema que se utiliza para aglutinar a las masas, tanto en el populismo de izquierda como en el de derecha. No es que el contenido esté vacío: no está predeterminado. El contenido es lo que el líder elige, olfateando las demandas de la sociedad.

–Sería entonces la búsqueda pragmática de un contenido que no tiene por qué ser verdadero.

–Exacto. Por ejemplo, un significante peronista logró apartarse del liberalismo y del marxismo a la vez: su enemigo electoral era el imperialismo, y eso lo aglutinó.

–En el libro cita a Chantal Mouffe. ¿No le reconoce a ella o a Laclau algún diagnóstico acertado sobre las democracias liberales contemporáneas?

–Hicieron una lectura totalmente ideológica. Y además, sobre todo en las obras de Mouffe, utilizaron la teoría del amigo–enemigo de Carl Schmitt. Es otra de las cosas que tienen en común el populismo de izquierda y el de derecha: la lógica amigo–enemigo.

–Los gobiernos kirchneristas identificaron siempre un enemigo, como el campo o los militares ¿Fue una decisión consciente abrir esa “grieta”?

–Totalmente. Entre los gestos de Néstor Kirchner es clave aquel en el que va al Colegio Militar y baja el cuadro de Videla delante de todos los altos mandos del Ejército. Hasta ese momento, como gobernador de Santa Cruz, fue un aliado de los militares y se llevaba muy bien con todos ellos.

–En su libro, el decisionismo de Schmitt, o la voluntad del líder político por encima de la ley, se ejerce con los reglamentos de necesidad y urgencia. ¿Dónde está la frontera entre el decisionismo y el uso constitucional de esas facultades por parte del Poder Ejecutivo?

–En la Argentina hemos tenido dos orientaciones diferentes. El derecho administrativo, siempre en contacto con la Administración y la realidad –mis grandes maestros, Marienhoff, Bosch, Diez– entendía que los reglamentos de necesidad y urgencia eran una herramienta indispensable para los casos de necesidad impostergable, un estado de necesidad y una razón de urgencia. Ahí se aceptaba que el Ejecutivo dictara esas normas, válidas hasta que la Justicia las declarara inconstitucionales. Los constitucionalistas pensaban distinto: Joaquín V. González era defensor de los decretos de urgencia, pero otros se enamoraron del parlamentarismo europeo y se inclinaron por la prevalencia del Parlamento sobre el Ejecutivo. Cuando llega Alfonsín al poder, me consulta, y yo hice un artículo de doctrina diciendo que era válido el decreto de cambio de moneda de 1985, con el Plan Austral: no hay país donde el cambio de moneda se haga por ley, ya que los legisladores discuten esa ley y el efecto desaparece. Cuando llegó Menem, se dio cuenta de que era un instrumento de gobierno, y abusó de ellos. El Poder Judicial ha declarado inconstitucionales ciertos decretos, pero en general diría que fue bastante benevolente con el Ejecutivo. Sin embargo, los gobiernos no podrían gobernar la Argentina sin un uso razonable y moderado de los DNU.

–Según Laclau, el líder “encarna al pueblo”. ¿Cómo se explica que una construcción pensada como “horizontal” termine casi siempre personalizada en un líder irremplazable?

–Eso tiene mucho que ver, aunque no lo parezca, con la filosofía: sobre todo con Nietzsche y su idea del superhombre, el líder carismático que nunca se equivoca y puede conducir. Laclau entiende que el pueblo no se puede conducir colectivamente, siempre tiene que haber un mando, una autoridad. Eso es tan viejo como la historia. El problema es que en ese entramado se infiltra el pensamiento de la filosofía crítica: la filosofía woke, que busca la igualdad y quiere romper con los esquemas de la democracia tradicional. De ahí la alergia de los progresistas a la democracia representativa, que los lleva a desfigurarla y a plantear que debe ser “participativa” o “deliberativa”. Se desconecta el mecanismo de representación y se provocan representaciones momentáneas a través de referéndums o consultas populares.

–Leí sus críticas a la Justicia adicta. ¿Cómo la ve en la actualidad?

–Me parece que la Justicia está en un momento de transición. Hay fallos y conductas ejemplares. Hoy no se puede decir que haya una Justicia parcial ni imparcial, aunque responde más bien a las tendencias políticas dominantes de cada momento. Eso no es bueno para la democracia; pero tampoco es bueno que la Justicia se oponga a todas las medidas de gobierno. Tiene que haber armonía. Hay algunos fallos recientes de la Corte que son relativamente buenos.

–En el libro sostiene que la noción europea moderna es la de un Estado regulador y garante. En este proceso de desregulación, ¿hay riesgo de pasar de un Estado subsidiario a un Estado ausente?

–Sinceramente, no lo veo, porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, y en política hay que mirar más los hechos que el discurso. Se dice que la ayuda social es un robo, o que el Estado no tiene que asistir, y sin embargo, en la práctica, lo que se hizo es eliminar a los intermediarios de manera drástica. Pero se siguen dando las prestaciones a los más necesitados, sigue la Asignación Universal por Hijo. El Gobierno hace justicia social y no lo dice. Debería decir que lo que hace es una justicia social sustentable, como dice Juan Pablo II en la Centesimus Annus cuando se refiere al asistencialismo excesivo. A propósito, por primera vez, en una encíclica, la de León XIV, apareció el valor de la estabilidad monetaria como uno de los fines del bien común del Estado; no lo había visto antes en ningún documento de ese tipo.

–Ya que estamos con los papas: usted leyó todas las últimas encíclicas. ¿Cómo le resulta la pluma del actual Papa respecto de la de Bergoglio?

–Son plumas distintas, van en direcciones distintas. Lo que trata de hacer León XIV es unir todo en torno de un principio esencial, el bien común. Ahí sigue a Santo Tomás y a San Agustín. Hay una ligera reorientación, sin perder el punto de vista de la opción preferencial por los pobres. Francisco hablaba mucho del principio de subsidiariedad y poco del destino universal de los bienes, que era su punto clave, con una orientación más marcada hacia la pobreza. Este Papa se da cuenta de que la Iglesia es todo, no solo los pobres.

–Critica a los que compran empresas, se quedan con la ganancia y se van. ¿Cómo concilia eso con su defensa de la economía de mercado?

–Una regulación mínima siempre es necesaria, porque todas las actividades humanas deben desempeñarse en libertad, pero la libertad absoluta no existe: puede haber abuso; por ejemplo, cuando se crean monopolios que tratan de hundir a los competidores. Eso está mal, son armas desleales de competencia.

–Al ministerio de Regulación usted le pondría “de Regulación Apropiada”.

–Exactamente. En el fondo, siempre hay una regulación detrás.

–Pero la regulación excesiva genera...

–Corrupción. Hay corrupción en todos los gobiernos, unos más y otros menos, pero no hay que caer en algo sistemático, extraordinariamente brutal.

–Usted distingue entre la “igualdad real” –que llama la “quimera socialista”– y la “auténtica justicia social”, que compensa carencias. ¿El país transita hacia una justicia social más razonable?

–Para mí, sí. La igualdad real es una igualdad diseñada por el poder público, y eso genera desigualdades colaterales y nunca llega a realizarse. Si usted iguala todas las fortunas hoy, al día siguiente ya están desiguales de nuevo. Por eso se habla de la paradoja de la igualdad; cuando la quiere imponer, genera desigualdades. Creo que la pobreza va a bajar con la creación de nuevos empleos. Va a ser lento, pero la línea económica del Gobierno es acertada en ese punto.

–¿Qué oportunidad tienen hoy, en un momento del país en el que mucha gente siente el ajuste, los discursos o las propuestas populistas?

–Va a depender de la teoría de la cadena de equivalencias: si las demandas insatisfechas están separadas, cada sector reclama por su lado; pero si se unen todas en una misma tendencia hegemónica y eso estalla en su contra en una explosión social o una crisis, el Gobierno está perdido.

–En el texto relata que el gobierno de Macri fracasó pese a su buena dosis de economía de mercado. Este gobierno tiene una agenda de mercado. ¿Habrá resultados distintos?

–Creo que el Gobierno hizo una gran tarea de “sanidad administrativa”. Cuando Macri anunció que iba a tener 24 ministros, a mí me dio espanto: cada ministro implica una secretaría, cada secretaría seis, siete, ocho subsecretarías, una cosa monstruosa, con secretarías de secretarías. El otro error que cometió fue sacarle poder a los propios ministros.

–¿Hay responsabilidad en las clases dirigentes –en, por ejemplo, empresarios, académicos, juristas– por permitir casi ocho décadas de decadencia?

–Yo creo que sí. Todos somos responsables de la pérdida de los valores democráticos. Hemos tolerado muchas cosas. Me parece una característica muy antigua de los argentinos; la vio Ortega y Gasset en forma muy clara: el “no te metás”. Todos somos responsables de eso.

–¿Qué mecanismos institucionales propondría para evitar que el país vuelva a producir liderazgos tan personalistas?

–Creo que la representación proporcional es lo peor que le pasó al país: lo dividió y lo transformó en un negocio, el de las boletas, y por eso aparecen miles de partidos, todo fraccionado. Ese sistema, importado del modelo belga y propio del parlamentarismo europeo, va en contra del sistema argentino de democracia representativa, que fue pensado, justamente, para que no se consolidaran fuerzas hegemónicas. Yo plantee esto hace poco en la Academia Nacional de Ciencias: me gustaría volver a un sistema de mayoría y minoría. Eso ordenaría bastante las cosas. Pero no creo que la sociedad esté dispuesta a discutir este tipo de cambios.

–Con el libro, ¿descubrió algo nuevo en la teoría de Laclau?

–Lo que vi fue cómo se derrumbaba el sistema populista de Laclau en sus propios cimientos, por la corrupción generalizada, o como sistema de gobierno. Es la primera vez que veo un sistema organizado de corrupción. El kirchnerismo va a caer por eso; no va a poder salir de ese esquema.

–¿Qué cree que sucedió con el populismo argentino para que haya respetado la Constitución y el resultado electoral?

–A pesar del “Cristina eterna”, cayó por su propio descrédito. La prensa hizo una gran labor de esclarecimiento, al investigar los grandes negociados de esa época.

-¿Qué le sugiere la disputa de la prensa y el poder en el país?

–Creo que la libertad de prensa sigue siendo plena en la Argentina. Eso es lo que nos salva y nos distingue de otras épocas. La prensa quizás es un poco virulenta para el gusto del Gobierno, pero es necesaria: si no, no hay democracia. Es un instrumento fundamental de la sociedad democrática. Debería haber una crítica moderada, de un lado y del otro.

–Estamos a menos de dos meses de recibir al Papa en la Argentina. ¿Qué reflexión le genera que Francisco nunca haya venido?

–Francisco no vino nunca por una razón política: temía agrandar la grieta. Este papa viene, me parece, a tratar de limar esas asperezas. Tiene claro que la Argentina no es solo una parte del país, sino que la grey católica es muy amplia: el mensaje de Cristo es para todos, no solo para un sector.

Experto en derecho público

Juan Carlos Cassagne nació en San Nicolás de los Arroyos, en 1937. Jurista de destacada trayectoria, se volcó al ejercicio de la abogacía y, en el campo de la enseñanza y la investigación, al estudio de los temas fundamentales del derecho público y la ciencia política.

Es doctor en Derecho por la UBA, en cuya facultad ejerció la titularidad de la cátedra de Derecho Administrativo durante más de treinta años, y profesor emérito de la UCA, así como miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y de varias Academias internacionales.

Es autor de numerosos libros de derecho, y acaba de publicar El Estado populista (Ediar).